Con sólo conservar los bosques y a través de un banco de captura de bióxido de carbono financiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los campesinos pueden obtener ingresos por 120 mil pesos anuales, sin tener que vender o rentar sus tierras, afirmaron los ejidatarios Juan Manuel Valle y Rafael González Juárez.
Tras entregar un oficio al Tribunal Unitario Agrario para evitar la renta de las ampliaciones forestales, reiteraron su llamado a los ejidatarios de Pomuch y Champotón para que “no se dejen engañar por pseudolíderes, y desistan de rentar o vender 60 mil hectáreas a la empresa Golden Gate”.
Valle manifestó que lo que pretende Golden Gate es comprar las 60 mil hectáreas de la ampliación forestal de Pomuch, para cortar árboles que no les sirvan y dejar sólo los que utilizarán para la fomentación de “bancos de captura de bióxido de carbono”.
Las empresas que se dedican a la venta de vehículos, entre otras que afectan el medio ambiente de las ciudades, necesitan comprobar ante las instancias internacionales que cuentan con áreas de bosques para la limpieza del aire.
Por ello, insistió que los campesinos no tienen necesidad de rentar o vender las 60 mil hectáreas de las ampliaciones forestales, ya que “sin mover un sólo dedo y con darle mantenimiento a bosques y selvas de estas áreas, tendrían ingresos de la ONU por más de 120 mil pesos anuales, lo que permitiría llevar a cabo otros proyectos productivos y ambientales para el sostenimiento de más de mil familias del sector, lo que serviría como ejemplo para otras comunidades campesinas de la entidad”.
González Juárez, a nombre de los campesinos que se oponen a la renta de las 60 mil hectáreas de la ampliación forestal de Pomuch, entregó un oficio al magistrado Arturo Lemus Contreras, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, para que recapacite en su veredicto y no cometa el error de favorecer a Golden Gate, ya que no sólo afectaría a los campesinos de Pomuch, sino a otras familias asentadas en esas zonas.
Esas familias, recordó, están asentadas desde hace más de 20 años en esas tierras, trabajan de manera pacífica la agricultura, y han estado pugnando ante las autoridades agrarias para que les regularicen sus asentamientos, para lo cual se requiere la expropiación.
Tras entregar un oficio al Tribunal Unitario Agrario para evitar la renta de las ampliaciones forestales, reiteraron su llamado a los ejidatarios de Pomuch y Champotón para que “no se dejen engañar por pseudolíderes, y desistan de rentar o vender 60 mil hectáreas a la empresa Golden Gate”.
Valle manifestó que lo que pretende Golden Gate es comprar las 60 mil hectáreas de la ampliación forestal de Pomuch, para cortar árboles que no les sirvan y dejar sólo los que utilizarán para la fomentación de “bancos de captura de bióxido de carbono”.
Las empresas que se dedican a la venta de vehículos, entre otras que afectan el medio ambiente de las ciudades, necesitan comprobar ante las instancias internacionales que cuentan con áreas de bosques para la limpieza del aire.
Por ello, insistió que los campesinos no tienen necesidad de rentar o vender las 60 mil hectáreas de las ampliaciones forestales, ya que “sin mover un sólo dedo y con darle mantenimiento a bosques y selvas de estas áreas, tendrían ingresos de la ONU por más de 120 mil pesos anuales, lo que permitiría llevar a cabo otros proyectos productivos y ambientales para el sostenimiento de más de mil familias del sector, lo que serviría como ejemplo para otras comunidades campesinas de la entidad”.
González Juárez, a nombre de los campesinos que se oponen a la renta de las 60 mil hectáreas de la ampliación forestal de Pomuch, entregó un oficio al magistrado Arturo Lemus Contreras, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, para que recapacite en su veredicto y no cometa el error de favorecer a Golden Gate, ya que no sólo afectaría a los campesinos de Pomuch, sino a otras familias asentadas en esas zonas.
Esas familias, recordó, están asentadas desde hace más de 20 años en esas tierras, trabajan de manera pacífica la agricultura, y han estado pugnando ante las autoridades agrarias para que les regularicen sus asentamientos, para lo cual se requiere la expropiación.
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